DESARROLLO HUMANO
En diciembre de 2015, Argentina carecía de estadísticas oficiales sobre la situación social de sus habitantes. Sin embargo, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, el 29% de la población vivía en situación de pobreza y el 6% en la indigencia en el momento del cambio de gobierno. Además, una de cada tres familias, casi cuatro millones de familias en total, no tenía un hogar digno donde vivir. A muchas de estas familias, por otra parte, el Estado no las alcanzaba con los programas que deberían brindarle asistencia: había más de un millón de niños que podían estar cubiertos por la Asignación Universal por Hijo pero que sin embargo no la estaban recibiendo. Muchos de ellos, justamente, aquellos que vivían en lugares donde el estado no llegaba, ni siquiera con la AUH.
Aunque se crearon programas masivos –en el momento del cambio de gobierno recibían la AUH más de 3,5 millones de niños–, el Estado terminó quedándose a mitad de camino en muchos de los objetivos que se había propuesto. No sólo en la ayuda a quienes viven en las situaciones más extremas, sino, sobre todo, con aquellos que accedieron a la educación pública o al sistema de salud. En los años anteriores al cambio de gobierno apenas dos de cada cuatro alumnos terminaba la escuela secundaria en forma. Y de esos dos que sí la terminaban, sólo uno de ellos comprendía textos.
Una conclusión del análisis de todas estas áreas y de salud, especialmente de la gestión del PAMI, es que el Estado estuvo en estos años tan al servicio de sus beneficiarios como de la política. Y, en muchos casos, al servicio de los políticos. El saldo de esto era en diciembre de 2015 una crisis social profunda. Mientras esto ocurría, el Ministerio de Desarrollo Social fue usado con fines políticos y partidarios y funcionó de manera desordenada, desarticulada y con una clara discrecionalidad en la distribución del presupuesto nacional.
En diciembre de 2015 el ministerio tenía una deuda de más de 500 millones de pesos con proveedores y por subsidios. También había una gran cantidad de expedientes sin firmar.
“El Ministerio de Desarrollo Social tenía deudas por más de 500 millones de pesos”.
En varias áreas, la gestión estaba paralizada desde julio de 2015. En algunos casos, los subsidios no se pagaban desde 2009. Se registraron gastos sin rendir del fondo rotatorio del ministerio por casi cuatro millones de pesos, sin que se justificara su excepcionalidad o urgencia. También se encontraron facturas por montos superiores a los 50.000 pesos, el máximo autorizado.
Según testimonios de empleados existía una estructura ministerial dividida en cinco secretarías que respondían, cada una de ellas, a una organización política aliada a la ministra. Esta organización política tuvo consecuencias en el funcionamiento del ministerio, que incluyó la superposición de responsabilidades y funciones entre las distintas áreas. Durante estos años, la política de desarrollo social se basó en el asistencialismo y no en una política de transformación real de las condiciones de las personas que lo necesitaron. Se trató de una política social sustentada en la transferencia y entrega de insumos, en la forma subsidios, planes sociales, equipamiento o bienes básicos, pero sin planificación ni seguimiento.
La política social anterior a diciembre de 2015 estaba basada en la demanda, en el individuo, y no consideraba al núcleo familiar ni contemplaba un trabajo de protección social. Era una política social “universal”, pero sin aplicación focalizada. La administración de los recursos y los programas se realizaba a demanda y no a partir de diagnósticos o prioridades claras. Por eso, a pesar de que se volcaron millones de pesos en programas que dependieron del Ministerio de Desarrollo Social, no hubo un cambio real en las condiciones de vida de una parte importante de la población. A la hora de implementar políticas públicas, no hay rastros de que se hayan usado líneas de base, planificación o seguimiento y coordinación. Esto generó la superposición de programas con objetivos similares, desperdiciando recursos y esfuerzos, y al mismo tiempo, la duplicación las estructuras administrativas. Además, no se encontraron informes de impacto o de resultados sobre el trabajo realizado. Esto impedía la evaluación seria de las políticas que se llevaron adelante y el trabajo sobre experiencias pasadas para optimizar los programas.
Las nuevas autoridades encontraron materiales de trabajo para capacitaciones donde se rendía culto al gobierno anterior. Un juego similar al Juego de la Oca premiaba a los jugadores en casilleros dedicados a las políticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los hacía retroceder en el tablero cuando el casillero correspondía a “fondos buitre” o “privatizaciones”. Otro juego, un memotest, utilizaba imágenes alusivas a medidas del gobierno: la recuperación de YPF, la Asignación Universal por Hijo, Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos o Tecnópolis. Los programas de expresión “Argentina Creativa” promocionaban a Néstor y Cristina Kirchner y sus medidas. Se encontraron libros de historietas con la imagen de Cristina Kirchner como defensora de los derechos sociales y hasta un concurso llamado “Si Néstor lo viera”. La ex presidenta también era protagonista de murales colectivos que se pintaron por todo el país.
Todo esto se dio en un entorno politizado donde la entrega de insumos se embanderaba con pecheras de organizaciones políticas oficialistas como Kolina o La Cámpora. En el área de Juventud del ministerio, por ejemplo, el día después de la asunción, las nuevas autoridades fueron recibidas por empleados vestidos con remeras de La Cámpora que se negaban a trabajar. “Somos la resistencia”, decían. En los días siguientes se registraron más de 300 renuncias, una cantidad que coincidía con las altas que se habían dado en los meses anteriores. No quedaron registros de qué responsabilidades o servicios prestaban estas personas. En simultáneo, se registraron viajes al exterior a pesar de que el ministerio no poseía relaciones internacionales permanentes y sólidas. A pesar de ello, hay registros de viajes a Asia con escalas de más de diez días en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, al igual que en otras áreas, el impacto territorial de las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social estuvo marcado por el devenir político de las alianzas y apoyos entre el Gobierno Nacional y las provincias. La cantidad de fondos destinados a programas sociales en cada provincia dependía del apoyo político que esa provincia mostrara hacia el gobierno nacional. Algunos programas nacionales no llegaron nunca a algunas provincias. Algunas de ellas, incluso, no habían sido recibidas para una audiencia con la ministra. Al asumir la nueva gestión, mientras algunos ministros provinciales consultaban por la continuidad de un programa u otro, otros querían saber de qué se trataban ya que nunca habían tenido acceso a ellos.
Esta falta de articulación entre el ministerio y las provincias se daba también hacia el interior del Ministerio, donde no se trabajaba en equipo entre las autoridades y los centros de referencia provinciales. Se repartían insumos desde el área central del organismo sin dar participación a sus colegas locales. Ante la falta de un protocolo de emergencias, se superponían tareas y los recursos se entregaban sin ningún tipo de control sobre los depósitos. El ministerio carecía de criterios unificados para recabar, compartir o centralizar información por lo que ante una catástrofe o una situación de emergencia cada área trabajaba de manera autónoma.
La entrega de tarjetas del plan nacional de seguridad alimentaria fue absolutamente discrecional, al punto de que algunas provincias ni siquiera contaron con el Plan Nacional Alimentario. En Córdoba, por ejemplo, el plan se aplicó sólo en algunos municipios y no a nivel provincial. San Luis, por su parte, no recibió asistencia del Ministerio de Desarrollo Social nacional. Otros distritos como las provincias de Buenos Aires o La Pampa no recibían ayuda para los comedores de sus escuelas. Así como algunas provincias fueron discriminadas en el reparto de obra pública o de programas sociales, hubo otras que resultaron beneficiadas por sobre las demás. Tucumán, una provincia que fue siempre cercana al Gobierno Nacional, recibió por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 4.285 millones de pesos en asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, sin que ese dinero tenga ningún impacto visible en índices de pobreza e indigencia.
Otros programas estaban cerrados para el acceso de nuevos beneficiarios. Argentina Trabaja y los programas de asistencia alimentaria a comedores comunitarios no permitían nuevos ingresos desde 2005. También se encontró un importante desorden en la asignación de pensiones no contributivas. Se recibían aproximadamente 15.000 solicitudes de nuevas pensiones por mes, pero la tramitación de cada una demoraba más de un año. El sistema de altas, además, establecía que la celiaquía era condición suficiente para acceder a una pensión por invalidez para trabajar.
Tampoco se encontraron registros de índices de violencia de género. No se hacía un seguimiento de los llamados a la línea 144, ni se había implementado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina no había estadísticas, registros ni articulación entre los distintos poderes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.
Fuente: http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/desarrollo-humano.html
