jueves 30 DE junio DE 2022

Informe «El Estado del Estado» Diagnóstico de la Administración Pública en diciembre de 2015: «P.A.M.I»

PAMI

Las nuevas autoridades encontraron un PAMI sin información, con una situación financiera alarmante y una enorme cantidad de irregularidades que están siendo investigadas por la justicia. En diciembre de 2015, el PAMI acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por mes.

Los problemas del PAMI no eran recientes. Más bien eran el resultado de décadas de mala gestión, ausencia de control y falta de estrategia política. Una de las principales irregularidades correspondía al manejo de medicamentos, que le costaban al PAMI el equivalente a la construcción de un hospital por año.

Todo esto sucedió con la complicidad de las autoridades del Instituto que estuvo involucrado en diferentes maniobras para desviar fondos. Una de ellas fue la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos. El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7.000 de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro. Una señora que falleció a los 80 años, por ejemplo, comenzó a recibir a las pocas semanas un alto número de recetas de insulina y de tiras reactivas que nunca antes había consumido. En total, después de fallecida, consumió fármacos por 150.000 pesos.

“El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud”.

También se descubrió que se usaban números de afiliados para realizar una cantidad inverosímil de recetas o se falsificaban las firmas y la identidad de los médicos. Se encontraron casos de pacientes de más de 80 años que compraban 33 remedios en 19 farmacias distintas, en cuatro provincias, en el mismo mes. Otros registros indicaban casos de supuestos médicos que hacían hasta 39.000 recetas en un año. A raíz de este tipo de maniobras, un juez federal ordenó en febrero de 2016 el allanamiento de 13 farmacias de Capital Federal y el Conurbano por presunta defraudación en la venta de medicamentos. En los procedimientos se encontraron sellos, recetas y una gran cantidad de medicamentos sin troquel.

Otros casos muestran sobreprecios en la adquisición de prótesis, del pago de viajes en ambulancia inexistentes y hasta de dos clínicas fantasma, que no existían, no prestaban servicios y no tenían pacientes y que igual le cobraban al PAMI 25 millones de pesos por año. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación encontró que el programa del PAMI a través del cual se abonan los servicios prestados a los beneficiarios carece de controles para verificar que realmente se prestan los servicios que se están pagando. Se trata de un programa que concentra el 30% del presupuesto del PAMI y que entre 2014 y 2016 administró 50.711 millones de pesos. De acuerdo con la SIGEN, la falta de controles prestacionales impide asegurar que los beneficiarios reciban la atención que necesitan con calidad acorde ni validar los servicios que se están facturando. Esto es posible porque los únicos controles que se realizan son posteriores al pago de los servicios y sólo se realizan sobre algunas de las prestaciones a modo de muestreo estadístico.

Por otro lado, la SIGEN también encontró que el PAMI posee créditos a su favor por diferencias en la facturación de sus prestadores de 3.000 millones de pesos. Esto es dinero que el instituto no debería haber transferido o que transfirió de más y que en diciembre de 2015 no había recibido o no había sabido recuperar.

Muchas de estas maniobras ya habían sido descubiertas y denunciadas. Incluso se encontraron registros de haber sido advertidas por auditorías internas y por la Auditoría General de la Nación. También hubo alertas de parte de la industria farmacéutica. Médicos y enfermeros reclamaban y denunciaban esta situación desde hacía años.

La calidad de atención es otra de las deudas pendientes del Instituto. Existían, por ejemplo, deudas con proveedores, médicos, enfermeros y prestadores que no cobraban. Las ambulancias estaban en mal estado y no eran reparadas. Más de 16.000 sillas de ruedas estaban arrumbadas en galpones del instituto. Los enfermos se amuchaban en camillas en los pasillos porque las salas, inundadas o llenas de ratas, no se podían usar. Los afiliados esperaban turnos por meses.

Detrás de esta situación se escondía una realidad que atravesaba a buena parte de los organismos públicos argentinos. El PAMI había estado durante mucho tiempo al servicio de la política y no de la gente. Luciano Di Cesare, último director del instituto del gobierno anterior, cobró 1.300.000 pesos, justo antes de dejar su cargo, por “vacaciones no gozadas entre 2004 y 2012”. Por esta decisión fue llamado a indagatoria por un juez federal. Otro juez investiga la compra de Letras del Tesoro por más de 2.000 millones de pesos por parte del PAMI.

Otra realidad del instituto era la falta de gestión y el abandono. Por ejemplo, en la lista de medicamentos figuraba la cobertura al 100% de productos desactualizados como sangre de ternera, anabólicos, complejos vitamínicos, cremas para la celulitis, tintura para el cabello y átomo desinflamante.

El PAMI tiene 650 oficinas de atención distribuidas en las capitales provinciales y en las localidades más importantes del país. En diciembre de 2015 muchas estaban en estado de abandono. También se encontró que una parte importante de las Unidades de Gestión Local, que son oficinas administrativas ubicadas en capitales de provincia o ciudades relevantes, habían dejado de desarrollar sus tareas normales y se habían convertido en territorios de disputa política. Todo esto generaba trabas para el funcionamiento del instituto como demoras en el cobro de prestadores y falta de control en oficinas.

 

FUENTE: http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/desarrollo-humano.html

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