La ley de compre argentino enviada por Matías Kulfas al Gobierno, que propone aumentar los márgenes de preferencia del Estado para adquirir productos locales sobre los extranjeros, empezó a debatirse este jueves en comisiones y Juntos por el Cambio anticipó su rechazo. El jueves habría dictamen, pero sin el principal bloque opositor no será fácil que pase el filtro del recinto.
En el principal frente opositor no encontraron razones para modificar la ley vigente, sancionada en 2017, y que permite contratar con valores más altos si son ofertados por empresas nacionales, que oscilan entre un 8 y un 15% para las pymes.
El proyecto del Gobierno eleva los montos a 15 y 20%, pero además incluye hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales y un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres u identidades no binarias. Kulfas calcula que puede ahorrarse 500 millones de dólares y aliviar las reservas.
Y en lo que es tal vez el tema más cuestionado por la oposición, amplía el alcance al PAMI, que hasta ahora no tenía ninguna disposición para favorecer a proveedores locales, como no existe tampoco en la mayoría de las empresas públicas.
«Este proyecto en parte está dictado por lobbys de grandes laboratorios, que le van a poder vender 15% mas caro», denunció Martín Tetez, de Evolución radical, y dijo que no tiene sentido discutir un aumento del compre argentino sin un impacto registrado del actual, que sólo tiene cuatro años.
«Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro. Se tendría que llamar ley de compre caro, y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente», señaló el economista.
El proyecto de compre argentino en parte está dictado por lobbys de grandes laboratorios, que le van a poder vender 15% mas caro.
«Cuando el Estado compra más caro los salarios de todos los trabajadores son más bajos y sumamos gente a la pobreza», evaluó. A las críticas sobre el rol del PAMI se sumó la ex titular Graciela Ocaña. «El PAMI no es parte de la administración pública nacional. Es un ente público no estatal. El propio reglamento de compra de la institución lo fija la institución».
El presidente de la Comisión de Industria Macelo Casaretto, a cargo de coordinar el plenario, leyó un mensaje enviado del Pami que aclaraba que el 60% de sus compras actuales ya son a laboratorios locales.
También respondió Julián Hecker, director nacional de Compre Argentino. «El PAMI hoy ya es parte del compre argentino, con el decreto 50 de 2019 el PAMI es parte del Ministerio de Salud, es parte de la administración pública nacional. Además recibe fondos del Tesoro», sostuvo.
La ley fue defendida por funcionarios del Ministerio de Desarrollo productivo, pero no por Kulfas, a quien le recomiendan no aparecer por el Gobierno por la interna entre el presidente y la vice, que lo tiene como actor de reparto.
Los enviados no dejaron muy conforme a la oposición. «El objetivo de esta ley es generar nuevas oportunidades y desarrollo de empresas nacionales en el fuerte poder de compra que tiene el Estado. Estamos sumando sectores estratégicos e innovadores, que no tiene la ley hoy», sostuvo Julieta Loustau, subsecretaria de Industria. «Estratégico era (el procurador del tesoro Carlos) Zannini y se vacunó primero», respondió Tetaz.
El diputado de Evolución cuestionó además el fideicomiso que incluye la ley para financiar a los posibles proveedores, porque consideró que esa función puede cumplirla la banca pública. Su par Alejandro Cacace, agregó otra crítica: la ley no incluye principios de desarrollo sostenible, comprometidos por el Gobierno para apoyar al combate contra el cambio climático.
Hecker aclaró que «no necesariamente que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más ese porcentaje. Ese margen de preferencia aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales siempre gana el más barato».
El vice de la comisión de industria José Nuñez, del PRO, avisó que su bloque no acompañará. «Nosotros mejoramos las preferencias. Espero que nadie se ofenda, pero ¿Vamos a jugar a ver quién es más populista industrialmente?. El impacto fiscal va a ser muy alto. Esto una discusión un poco más profunda».
Tampoco hubo muchos oficialistas preocupados por protegerlo: se escuchó al chaqueño Juan Pedrini, el riojano Sergio Casas, la rionegrina Susana Landriscini y Victoria Tolosa Paz, que cerró el debate molesta por el desplante opositor.
«A mi no me parece inocente que los que critican fondo fiduciario siendo un proyecto que aportaron 4 mil crédito del fondec, que pasaron 1 millón en 2 años y con pandemia», atacó.
Fuente: LPO
