La Cámara de Diputados aprobó ayer, en general y por amplia mayoría, la ley que suprime la desregulación de la actividad económica, en particular lo concerniente al ejercicio de profesiones liberales. A tal fin, se deroga el artículo 7° de la ley 2000, de desregulación de la actividad económica. La propuesta cuenta con el aval de la mayoría de Colegios de Profesionales de la provincia de distintos rubros.
La nueva ley busca garantizar la calidad del servicio que prestan las profesiones liberales. Todo profesional puede ejercer su profesión de manera libre y sin restricciones, su único requisito es estar matriculado y tener presente las prerrogativas de las que dispone para cada actividad, su colegio o consejo profesional.
La ley obtuvo el acompañamiento de los bloques del MPN, FdT, JC, PDC, Siempre, Juntos, UP, FRIN y FNN. Por la negativa se expresaron desde las bancas del FIT y PTS-FIT. La norma sancionada faculta a los Colegios Profesionales a llevar el control de la matriculación para ejercer la actividad en el ámbito provincial y otorga un marco de equidad en el desarrollo de las actividades profesionales.
La diputada María Laura du Plessis (MPN) recordó que la Ley 2000 (1992) dejaba librada a la libre oferta y demanda los servicios profesionales y agregó que el artículo 7º nunca estuvo operativo porque no se cumplieron las requisitos para su aplicación. “Por el contrario, la provincia avanzó en la regulación de las profesiones creando Colegios y generado matrículas de distintas profesiones”, dijo.
En otro orden, el cuerpo aprobó en general, la ley que suspende los procesos judiciales que impliquen subasta de bienes inmuebles o muebles utilizados por agentes de la Salud que cumplen funciones en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid19. El texto aprobado resultó de la unificación en comisión de dos propuestas de similares características presentadas por el FdT y el MPN.
El diputado Maximiliano Caparroz (MPN) tildó la iniciativa de necesaria y pertinente y señaló que buscara el equilibrio entre los subsectores de salud pública y privada. Dijo que el 80% de la población tiene obra social, pero cuando no se encuentra respuesta se utilizan los efectores de salud pública. “Queremos tener la seguridad que contaremos con la disponibilidad de camas de alta complejidad en todas las instalaciones sanitarias de la provincia” añadió.
La diputada Soledad Martínez (FdT) dijo que la medida apunta a preservar el funcionamiento de la cooperativa ADOS en el marco de la pandemia, pero adelantó que su espacio político insistirá en un debate que genere una herramienta más amplia que garantice la manda constitucional de acceso a la salud para la población.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) se abstuvo de votar tras pronunciarse a favor de la suspensión del remate para el Policlínico ADOS, pero advertir que “el beneficio se derramará” sobre clínicas del sector privado.
En igual sentido, se aprobó en general, la ley que obliga a instalar dispensadores de alcohol en gel o insumos de higiene similares en edificios públicos para incrementar las medidas de protección durante la pandemia. La medida contempla la colocación de alcohol en gel o jabón líquido o sanitizante en todas las dependencias estatales: escuelas, oficinas públicas, entes autárquicos, organismos de atención al público en los tres poderes del Estado.
La diputada María Laura Bonotti (Siempre) señaló que el objetivo central de la ley es fomentar el lavado de manos como medida preventiva de otras enfermedades, más allá de la situación actual de la pandemia.
