Los diputados provinciales presentaron un proyecto para asegurar medicamentos, restablecer la atención y regularizar los pagos a prestadores y hospitales públicos.
Según los fundamentos, el organismo adeuda más de $1.500 millones al sistema de salud provincial. Los diputados provinciales Darío Martínez y Darío “Pampa” Peralta presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo nacional que garantice la continuidad y la calidad de las prestaciones médicas, farmacológicas y sociales del PAMI en Neuquén.
La iniciativa exige regularizar los pagos a prestadores, actualizar los aranceles conforme a los costos del sector, asegurar la entrega oportuna de medicación y restablecer la atención presencial y la red de médicos de cabecera en todo el territorio provincial.
El reclamo se da en un contexto de interrupciones que, según los fundamentos del proyecto, se profundizaron desde abril y derivaron en una suspensión de prestaciones durante 24 horas el pasado 24 de agosto, con alcance sobre más de 300.000 afiliados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Los cortes afectaron consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y emergencias.
A esta situación se suman testimonios de afiliados neuquinos que describen demoras de hasta un mes para acceder a medicamentos cardíacos y para la diabetes, y de dos meses para conseguir un turno con su médico de cabecera. La crisis también repercute sobre los hospitales neuquinos: de los cerca de 69.000 afiliados al PAMI en la provincia, 43.473 se atienden en el sistema público, frente a los 38.423 registrados en diciembre de 2023. Además, uno de cada cinco pacientes internados en hospitales públicos pertenece a la obra social nacional. Mientras la Provincia absorbe esa demanda, el instituto acumula una deuda superior a los $1.500 millones por más de 700 expedientes de prestaciones, cuya regularización también es solicitada los legisladores Asimismo en los fundamentos, se remarca que garantizar la atención del PAMI es una responsabilidad indelegable del Gobierno nacional, ya que el organismo se financia con aportes de trabajadores y jubilados.
Advierten, además, que la respuesta de los hospitales provinciales no sustituye ni exime a Nación de sus obligaciones. Con ese planteo, solicitaran el acompañamiento de sus pares para exigir una solución que asegure que ningún afiliado quede sin tratamiento ni vea agravada su salud por deudas, recortes o trabas administrativas.
