El diputado nacional por Río Negro, Aníbal Tortoriello, presentó en el Congreso un proyecto para modificar los preceptos rectores y ampliar los alcances de la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La propuesta establece cambios a aspectos referidos a la Justicia y Derechos Humanos.
La iniciativa de Ley presentada por el diputado de Juntos por el Cambio, pretende optimizar el funcionamiento de los servicios que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género haciendo hincapié en que el servicio de justicia resulte sencillo y eficaz. Busca “abordar con seriedad las barreras que existen” para «tener herramientas legislativas reales y efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias», aseguró Tortoriello.
El proyecto propone mejoras en el artículo 7 y en el inciso 5.1 del artículo 11, para que las mujeres tengan las debidas garantías cuando van a denunciar violencia porque “un número importante de las víctimas de estos delitos no denuncian debido al temor, la vergüenza, las represalias y la revictimización que se produce en el marco de una investigación”, lamentó el diputado.
Un punto central de las ampliaciones propuestas es que se asegure una “asistencia integral” a las mujeres. Tortoriello explicó que esto implica que Justicia, Salud y todas las partes involucradas realicen actuaciones intersectoriales e interdisciplinarias que respondan a los requerimientos de las víctimas y resulten accesibles.
En los fundamentos del proyecto se hace hincapié, especialmente, en la adopción del “principio de celeridad” en los procedimientos judiciales y administrativos; lo que implica actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar el daño ocasionado por el/los agresores; de modo que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.
Señala además que, a los efectos de evitar la afectación de los derechos a la dignidad, la libertad y la intimidad de las mujeres, los operadores de organismos del Estado tienen la obligación de capacitarse en perspectiva de género.
También, se incluye garantizar un trabajo intersectorial e interdisciplinario a través de la creación de comisiones asesoras integrada por profesionales provenientes del Derecho, Ciencias Sociales y Salud y la activa participación de organizaciones de la sociedad civil con antecedentes de trabajo en la problemática, entre otros.
“Al reconocer la violencia contra las mujeres como un problema de todos, podremos cambiar”, expresó el diputado Aníbal Tortoriello y agregó: “Por eso, es imprescindible para que esta problemática sea el centro no sólo de las mujeres sino de una cuestión social”.
En relación a la reforma del artículo 11°, el proyecto de Ley presentado por Tortoriello propone modificar solo el punto 5.1 e incorporar lo normado en la ley 27.210 en relación a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, que es la que crea los Cuerpos de Abogados y Abogadas para el asesoramiento integral, legal y el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas.
En este último punto, se añade dentro de los preceptos, la figura de la “accesibilidad”, en la cual se plantea la igualdad de oportunidades para acceder a la justicia y para garantizar la debida atención a aquellas mujeres que viven no solo en las ciudades de altas densidades poblacionales sino, principalmente, aquellas que habitan en las zonas rurales y pueblos alejados de centros urbanos.
