La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), desestimó este martes avanzar con el pedido de juicio político en contra de la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, solicitado por la abogada Cynthia Tamara Castro por mal desempeño. Lo hizo al votar por mayoría el pase a archivo de la denuncia. El pedido de archivo obtuvo el acompañamiento de nueve votos, en tanto que se pronunciaron en contra de la resolución cuatro legisladores, que objetaron la facultad de la comisión para tomar una medida que, según su criterio, le correspondería al pleno de la Cámara.
Respecto a la denuncia, el diputado y presidente del cuerpo, Maximiliano Caparroz (MPN) explicó que en gran medida las denuncias esgrimidas en contra de la magistrada o fueron resueltas en las instancias judiciales pertinentes o hacen mención a acuerdos alcanzados por el pleno del TSJ, situación que implicaría demandar a todo el cuerpo y no a una sola integrante del Tribunal.
Sobre el procedimiento que definió el pase a archivo de la denuncia, el legislador sostuvo que existen antecedentes en los cuales la comisión tomó postura tanto a favor como en contra de avanzar en procesos de admisibilidad de Juicio Político y recordó la resolución votada en 2008 en plenario de comisiones A y G votó a favor de habilitar el pase al recinto de un pedido de juicio político en contra del entonces vocal, Eduardo Badano. De igual modo, invocó el no acompañamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales a un pedido de juicio político al Fiscal General, José Gerez, desestimado por el cuerpo en agosto de 2018.
De esta forma, Caparroz defendió la instancia de la comisión como espacio para tratar la viabilidad de la denuncia, en caso de corresponder. “Se ha votado en la comisión tanto para dar el sí como para expresarse por la negativa. Hay antecedentes”, justificó.
No obstante, acordó con el diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristina) y con la legisladora Soledad Martínez (FdT) que el pase a archivo de la misma no implica un cierre y que el expediente puede ser reflotado a pedido de un legislador en el pleno de la Cámara en cualquier momento, a condición de lograr una mayoría agravada de votos requerida para el caso.
En ese sentido, tanto Coggiola como Martínez cuestionaron la facultad de la comisión para atribuirse el cierre del proceso de una instancia de juicio político. Coincidieron que ni la Constitución Provincial ni el Reglamento Interno de la Cámara le confieren dicha potestad, que sí debe recaer en el pleno.
“El reglamento habla del pleno”, indicó Coggiola al referirse a la modalidad que debería emplearse para abordar la admisibilidad o no de un pedido de juicio político. Agregó que su argumentación era de carácter jurídica y no política, y recordó que su pase a archivo no implica un cierre para el expediente. Lo dijo al aludir que el propio Reglamento Interno prevé la posibilidad de su desarchivo a través de una votación en una sesión ordinaria.
Por su parte, Martínez fue crítica respecto al procedimiento y dijo que “la comisión A no dispone, sólo habilita el tratamiento ante el pleno legislativo, tal como ocurre con los pliegos para cargos judiciales”. Recordó también que en el caso de Badano fue la propia Cámara la encargada de dar la admisibilidad al proceso y conformar la sala acusadora y juzgadora, tal como lo instruye la Constitución provincial.
Estuvieron presentes los diputados Maximiliano Caparroz, Carlos Sánchez, Francisco Rols, Andrés Blanco, César Gass, Carlos Coggiola, Darío Peralta, Sergio Fernández Novoa y las legisladoras Ludmila Gaitán, María Laura du Plessis, Karina Montecinos, Soledad Martínez y Laura Bonotti.
