La fecha es el próximo 15 de junio. Ése es el deadline que manejan en Cambiemos para aprobar en el Senado los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y así completar una Corte Suprema de Justicia que funciona al límite de la legalidad, con tres de sus cinco miembros, desde que, en diciembre pasado, se hizo efectiva la renuncia de Carlos Fayt.
En el oficialismo, sobre todo en Pro, se muestran optimistas y creen que tendrán los votos suficientes para nombrar a ambos candidatos, cuyos pliegos cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos desde hace dos meses. Por esa razón, el bloque de Cambiemos pidió una sesión especial para el miércoles 15 de junio, con el tratamiento de los pliegos de los dos aspirantes a la Corte como único asunto en el temario.
Los números que hacen los referentes de Pro en la Cámara alta rondan los 50 votos. La Constitución establece una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para designar a un juez de la Corte. Por lo tanto, con 48 senadores sobre un total de 72, Rosatti y Rosenkrantz tendrían asegurado su ingreso al tribunal.
Sin embargo, el terreno que pisa Cambiemos es inestable. Sobre todo porque depende de manera inexorable del voto de una porción importante de los 42 senadores del Frente para la Victoria (FPV) para lograr su objetivo.
En ese conglomerado habita el principal núcleo de resistencia a las nominaciones: una quincena de legisladores, cuatro de ellos de La Cámpora, que todavía se reivindican como kirchneristas, más precisamente en su variante «cristinista».
Este sector ya blanqueó su postura: rechazarán los pliegos. El argumento «técnico» para el voto en contra es que Rosatti y Rosenkrantz tienen el defecto de origen de haber aceptado jurar el cargo por decreto presidencial en diciembre último, algo que finalmente no ocurrió porque Mauricio Macri puso el freno de mano a tiempo. La realidad es que para el kirchnerismo el fracaso de al menos un candidato, y ni hablar de los dos, sería el cachetazo político que viene deseando propinarle al Gobierno desde que pasó a la oposición.
Por lo tanto, la apuesta del Poder Ejecutivo está centrada en el resto de la bancada del FPV. Y allí radica gran parte de la incertidumbre que sobrevuela el Senado cada vez que se habla de los pliegos para la Corte.
Si bien hay una porción importante de senadores predispuesta a reconocerle al Poder Ejecutivo su derecho a completar las vacantes en la Corte, liderada por el jefe de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro), y por el presidente de la Comisión de Acuerdos, Rodolfo Urtubey (Salta), todavía quedan varios casilleros sin tildar.
Es en este momento cuando entra a tallar el papel de los gobernadores peronistas, sobre los que recae gran parte de la responsabilidad de aportar los votos que necesitan Rosatti y Rosenkrantz para convertirse en magistrados.
En el oficialismo se muestran confiados en que -tras el acuerdo de Córdoba, por el que el Poder Ejecutivo fijó la hoja de ruta para restituir del 15% de la coparticipación que reclamaban las provincias- los votos del FPV están asegurados.
Sin embargo, la falta de una conducción nacional con verdadera autoridad hace del peronismo un auténtico río revuelto en el que algunos «pescadores» pueden salir ganando.
«Hay gobernadores que levantan la mano y no pueden parar ni un colectivo», confió un legislador del FPV a LA NACION para graficar la supuesta falta de respuesta de muchos senadores a sus caciques provinciales.
Los nombres apuntados en esta lista están encabezados por el sanjuanino Sergio Uñac y el entrerriano Gustavo Bordet. Por otra parte, hay mandatarios, como Carlos Verna (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), que suelen comportarse como auténticos jugadores de póquer y, por lo tanto, no mostrarán su juego hasta último momento.
«Pedían el 3% [del 15% que reclaman] para este año y les vamos a dar el 9%, así que no tienen de qué quejarse», razonó un senador oficialista ante LA NACION para mostrar su confianza en que el sector no kirchnerista del FPV debería aportar sus votos para la Corte.
Posibles complicaciones
Sin embargo, todavía hay temas que pueden hacer ruido y complicarles las cuentas a la Casa Rosada y a los referentes de Cambiemos en el Senado.
Uno de ellos es el reclamo del peronista Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) de una ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros. El Gobierno rechazó de manera oficial esa pretensión, pero en la Cámara alta no cierran las puertas a que en un futuro el tema pueda debatirse.
Otro ítem, que con seguridad explotará el kirchnerismo, es el pedido de un supuesto cupo femenino en la Corte, que las nominaciones del Poder Ejecutivo no respetarían. Lo llamativo del caso es que quienes hoy agitan ese argumento nada dijeron cuando Cristina Kirchner postuló a dos hombres para completar el tribunal.
Por último, una de las variantes más volátiles que Cambiemos deberá tener en cuenta es la relación entre la Nación y las provincias peronistas. El tarifazo en los servicios públicos y su impacto en el interior del país podrían complicar la votación.
La Casa Rosada tiene poco más de 15 días para conseguir los votos que le faltan y consolidar los que ya tiene asegurados. Parece poco, pero en política es una eternidad.
Historia de un largo proceso
Nombramiento por decreto
Con su llegada a la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri apostó por dar un gesto de autoridad e intentó completar las vacantes al nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto, en una polémica decisión.
El rechazo
El intento del Poder Ejecutivo generó una fuerte polémica. El jefe del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Pichetto, anunció que su bancada iba a rechazar cualquier candidato que aceptara jurar en la Corte por decreto.
Marcha atrás
La polémica y el supuesto rechazo del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a tomarles juramento a Rosatti y Rosenkrantz por decreto llevaron al Poder Ejecutivo a seguir los pasos constitucionales y pedir el acuerdo del Senado.
Audiencias públicas
En marzo, y tras conseguir un primer gesto del FPV, que aprobó el retiro de los candidatos nominados por Cristina Kirchner, se realizaron las audiencias públicas de ambos candidatos, quienes obtuvieron dictamen con apoyo de la oposición.
Las vacantes
El 11 de diciembre del año pasado, al día siguiente de que abandonó el poder Cristina Kirchner, se hizo efectiva la renuncia de Carlos Fayt al tribunal. Su vacante se sumó así a la generada por Raúl Zaffaroni, que había dejado la Corte el 31 de diciembre de 2014.
Fuente: Diario La Nacion
