miércoles 10 DE agosto DE 2022

Debaten sobre control de actividades de quema y la Emergencia Hídrica

La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) recibió ayer al Subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martin Giusti, en el marco del proyecto de adhesión a la ley nacional de Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema. El cuerpo que preside la diputada Lorena Abdala (MPN) continuará el debate con la participación del equipo de Manejo del Fuego en un próximo encuentro. A la vez, en la reunión de esta mañana, la comisión debatió sobre la declaración de Emergencia Hídrica por parte de la AIC, organismo al que se convocará para que explique el impacto de la situación.
Al referirse a la propuesta de adhesión a la ley nacional 26.562 —de Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema-, Giusti remarcó la necesidad de generar un organismo de control con alcance provincial en la materia al que adhieran los distintos municipios. En ese sentido, el funcionario provincial se pronunció a favor del debate de la ley y explicó el proceso de accionar ante las quemas en diferentes regiones de la provincia y los respectivos actores intervinientes.
Giusti explicó que en la actualidad existe control para la prevención de quemas, que depende de Bosques Nativos, organismo que otorga la correspondiente autorización en cumplimiento con determinados requisitos: horarios, condiciones ambientales, recursos disponibles, etc. En ese sentido, mencionó que los procesos de quema son distintos en diferentes puntos de la provincia: mientras en la zona norte están vinculados al fin de las veranadas y la generación de nueva pastura para el siguiente ciclo, en el Alto Valle las quemas se suelen producir en chacras y baldíos, y cuando no se controlan, generan serias consecuencias de seguridad, sanitarios y ambiental.
La iniciativa, según explicó el impulsor, Andrés Peressini (Siempre) no sólo adhiere a la legislación nacional sino que crea un marco de acciones locales para la prevención y control de la actividad en la provincia. Se refirió al incidente que derivó en grandes pérdidas económicas y productivas en Plottier años atrás y dijo que las tareas de control generan grandes costos operativos para los cuerpos de Bomberos.
El debate continuará en el seno de la comisión, con la participación del equipo de Manejo del Fuego en un próximo encuentro.
Al inicio de la reunión, el cuerpo debatió el proyecto que le solicita a la Secretaría de Energía de la Nación y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA), que ordenen a las generadoras que operan las represas en los ríos Limay y Neuquén, la adopción de programas de uso responsable del agua. Según explicó el autor del pedido, Mariano Mansilla (FT) la medida se enmarca en la emergencia hídrica recientemente declarada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y en la inminente finalización de los contratos de concesión en el 2023.
Mansilla dijo que las hidroeléctricas llevaron a cabo un proceso de “turbinamiento excesivo a los fines de facturar y generar energía en el país” que derivó en grandes caídas de reservas de agua dulce en las cuencas. “Esto es una defensa de Neuquén y Río Negro”, sentenció el legislador, al defender su propuesta.
El diputado José Ortuño López (MPN) coincidió y dijo que, si bien el recurso destinado a riego para la producción está asegurado para lo que resta del año, se debe avanzar en “un plan alternativo” de cuidado del agua porque la que deriva de bomba no presenta las mismas condiciones que la del río, ejemplificó el legislador. A su turno, Peressini informó que el embalse de El Chocón ya tiene seis metros menos de altura y que la disminución de las represas en general se debe a que “sale mucho más de lo que entra”.
En tanto, la diputada Soledad Salaburu (FT) se pronunció en contra de la propuesta tras argumentar que el pedido va dirigido a la cartera nacional, la que ya se encuentra trabajando en la materia, en forma mancomunada con la AIC y el Ejecutivo provincial.
Desde el FIT, la diputada Patricia Jure sostuvo que la situación deriva de la falta de control sobre el uso que hacen las hidroeléctricas del recurso y sugirió que se convoque a las autoridades de la AIC para avanzar en el debate.
En otro orden, el cuerpo recibió (de manera virtual) a Silvia Roca – miembro de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNCo- quien explicó el proceso de producción y alcance del libro “Ciudades Sustentables en Alto Valle: La mirada ambiental desde indicadores para evaluación del hábitat urbano”, realizado por el Centro de Estudios en Planificación y Formación Ambiental de la Facultad en cuestión.
Durante el transcurso de la reunión, la comisión se quedó sin quorum, por lo que retomará los proyectos del orden del día en el próximo encuentro.

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