El acuerdo alcanzado con el staff técnico del FMI este jueves es un compendio de excepcionales para las tradiciones del Fondo. Además de tratarse de un programa excepcionalmente voluminoso al repetir las cifras de 2018, el organismo consintió en avalar un sendero de consolidación por fuera de su tradicional horizonte. Si a todos los países con los que firmó acuerdos en los últimos dos años les exigió recuperar el equilibrio fiscal en a lo sumo 2021 o a más tardar 2022, a la Argentina le permite seguir hasta 2025 con déficit fiscal.
Incluso en la consideración de los plazos, se trata de un crédito de una extensión inédita al no contemplar los diez años máximo del tradicional Servicio Ampliado del FMI (o Extended Funds Facilities en inglés), sino convertirlos en algo más de doce años en la medida en que los diez años se contabilizarán a partir de la finalización en 2024 del plazo del Stand By original de 2018.
No es que el Fondo Monetario haya dado un vuelco radical a la heterodoxia económica, pero sí accedió a un programa que en lo estructural difiere notoriamente de su formulario estándar. Es que incluye tanto pinceladas ortodoxas típicas de sus programas de ajuste, como la insistencia en no subsidiar la energía y la urgencia por reducir la emisión monetaria para combatir la inflación, como guiños heterodoxos al reconocer que no solo la emisión fogonea a los precios e incluir un abordaje «multicausal» para reducir la inflación muy gradualmente.
La comparación natural es con otros EFFs recientes otorgados a países continentales, entre los que se destacan Gabón y Kenia, a los que les dio respectivamente dos y 2,5 años para recuperar el déficit cero y alcanzar el superávit en 2023 y 2023/2024 respectivamente. Y también con Ecuador, que se comprometió a llegar al superávit fiscal primario en 2022.
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Para Matías Surt, economista en jefe de la consultora Invecq, el fracaso del Stand By en estabilizar la economía y la negativa de buena parte del oficialismo a avanzar a mayor paso con la reducción del déficit son limitantes que el Fondo internalizó y lo llevaron a acordar un programa distinto de los tradicionales:
«Entiendo que el Fondo comprendió que no están dadas las condiciones políticas en este Gobierno para implementar el programa económico que ellos quisieran. Y si se lo quiere pensar por el lado de los incentivos a aceptar un sendero más largo de convergencia, creo que hay una cuestión de imagen institucional dado que el último programa que propuso no fue exitoso en todas sus dimensiones y es difícil plantear una posición más dura de parte de la institución después de haber hecho un programa que terminó como terminó», dijo Surt.
Un estudio de la ONG Oxfam mostró que el 85% de los países con los que el FMI cerró un acuerdo en entre 2020 y marzo de 2021 implicaba un fuerte ajuste y políticas de austeridad con equilibrio fiscal a más tardar a un año de plazo o, en su defecto, cuando retrocediera la pandemia de acuerdo al tipo de préstamo. Los menos tuvieron un plazo de consolidación fiscal para 2022. El caso de las EFF de Kenia -que es el más largo de los otorgados recientemente por el Fondo- es posterior a esta investigación titulada «Tirando leña al fuego» y que advierte que el ajuste exigido demasiado temprano es un agravante de la amenaza de pobreza que pende sobre 500.000 millones de personas en el mundo a raíz de la pandemia.
La comparación con estos países es parcialmente válida si se tiene en cuenta el nivel de déficit inicial cercano al 3,5% del PBI, pero no el tamaño del endeudamiento: en el caso de Kenia a fin de año, el monto de capital adeudado superaba en un 139% su cuota; en el caso de Gabon, el excedente de endeudamiento era del 208%; y en el caso de Argentina, del 818%.
Con un déficit similar también, está el caso de Ecuador, que cerró un acuerdo en 2020 con el compromiso de alcanzar el superávit primario en 2022, algo que en los propios documentos del FMI denominan una «consolidación fiscal progresiva».
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Y aunque para la literatura ortodoxa, cuanto más endeudado está un país, más rápido le conviene salir del déficit para dejar de incrementar el endeudamiento, Guzmán consiguió que en el caso argentino, el déficit se prolongue por al menos 3 años más con reducciones graduales de los desequilibrios.
Así y todo, aunque a priori los números parezcan moderados, para los analistas no son consistentes con las medidas anunciadas y hará falta complementar las medidas ya anunciadas por otras más antipáticas.
El déficit primario inercial está más cerca del 4% del PBI, entonces el ajuste que habría que llegar al 2,5% del PBI está más cerca del punto y medio, al menos un punto y no de medio punto. Y estamos muy lejos de eso con lo anunciado hasta ahora en materia de subsidios
«El déficit de 2021 fue de 3,1% del PBI, pero el déficit primario inercial -que es el que surge de los ingresos extraordinarios que este año el fisco no va a tener y el crecimiento de algunas partidas como las jubilaciones- está más cerca del 4% del PBI, entonces el ajuste que habría que llegar al 2,5% del PBI está más cerca del punto y medio, al menos un punto y no de medio punto. Y estamos muy lejos de eso con lo anunciado hasta ahora en materia de subsidios porque los números que dejó trascender la semana pasada el Gobierno hablaban de una baja de los subsidios de 0,6% del PBI», explicó Surt a LPO.
Algo de esto, dejó trascender este jueves el mismo director del Departamento Occidental del Fondo, el brasileño Ilan Goldfajn, al presentar el acuerdo y hacer hincapié en la reducción de subsidios a la energía -una exigencia central también de los programas de Túnez y de Kirguistán-, pero que en el caso argentino puede resultar insignificante con los nuevos precios de los commodities energéticos.
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«Si toda la corrección descansa sobre la pata de los subsidios, entonces no vemos que esa meta sea cumplible porque con el nuevo esquema de segmentación que presentó hoy el Gobierno en tres grupos de la sociedad, en el mejor de los casos lo que vemos es que lograría contener los subsidios en términos reales y del 2,3% del PBI, pero no bajarlos», agregó.
De esta forma, para el economista, de cara al resto del programa con el Fondo, igualmente va a ser necesario avanzar en reformas estructurales sobre el gasto corriente, que se compone mayormente por salarios y jubilaciones. Pero con una salvedad: «En los últimos cuatro años, los salarios reales privados y públicos se retrasaron, sin embargo, pese a una década de estanflación sin creación de empleo privado, el empleo público agregado de los tres niveles (municipal, provincial y nacional) viene creciendo al 4%. Lo que debería revisarse más que los salarios -que en todo caso deberían recomponerse- es la cantidad de incorporaciones al sector público», dijo.
FUENTE: LPO
