Sobre la hora, un párrafo espesó el ánimo de los jueces . La promesa de cederle a la Cámara Nacional Electoral (CNE) el control del escrutinio provisorio -los datos que se difunden la noche de cada elección- se esfumó en el texto y disparó el reproche, con tono de amenaza, de los jueces electorales.
El Gobierno, apurado por la exigencia expresa de Mauricio Macri de lograr que en 2017 en todo el país se use la boleta electrónica, tuvo que ceder: armó de urgencia una minicumbre de ministros en Olivos, convocó a Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, integrantes de la CNE, y accedió, al final, al reclamo del tribunal.
Si todo marcha como indica la hoja de ruta oficial, cuando el segundo domingo de agosto del año que viene se realicen las Primarias, por primera vez será la Justicia electoral la que dé a conocer los resultados.
Eso, claro, si se cristaliza el compromiso que ayer tomaron frente a Dalla Vía y Corcuera el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el secretario de Asuntos Políticos y Electorales, Adrián Pérez y el diputado del PRO Pablo Tonelli, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y hoy estará al frente del plenario de comisiones en que el oficialismo, asociado al Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista, que ordena Oscar Romero, tratará el dictamen que buscainaugurar la era del tecno-voto.
El FpV anticipó un puñado grueso de objeciones. Diara Conti y Juan Cabandié fueron, en la previa, los voceros más efervescentes contra el proyecto. Jorge Landau, apoderado del PJ, cruzado de múltiples comicios y secuelas electorales, hizo un punteo de las luces y sombras de la ley. Fueron todas sombras para él.
El frente legislativo se encaminó el lunes con charlas entre Tonelli, Pérez y la renovadora Graciela Camaño. Pero anteayer, al trascender el borrador que devolvía el escrutinio provisorio a la Dirección Nacional Electoral (DINE), una oficina del Poder Ejecutivo, se tensó el judicial.
Al menos desde 1983, los resultados que se conocen después de cada elección los administró y difundió el gobierno de turno. En los últimos años, el trámite se tercerizó a la empresa INDRA. La Cámara, que hace el conteo definitivo, pidió reiteradamente controlar el provisorio. El PRO, cuando habitaba la trinchera opositora,martilló sobre ese punto y lo señaló como uno de los supuestos flancos que podría vulnerar la transparencia electoral.
Con ese argumento, en agosto el Gobierno informó que traspasaba el escrutinio provisorio a la CNE. Esta semana retrocedió.
A la defensiva, Dalla Vía dejó abierto un resquicio de duda. «Estamos conformes con lo que acordamos en la reunión, pero vamos a esperar hasta verlo escrito en el papel», le dijo a Clarín. El argumento del Gobierno, explicado por Ibarra y validado desde el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, fue que el Estado tiene herramientos para realizar el escrutinio sin tener que subcontratar a una empresa, como INDRA. Y que transferir la gestión a la CNE podría reeditar el mecanismo de la tercerización a uno privado.
Temprano, ayer Frigerio convocó a Ibarra y a Pérez a la quinta de Olivos (había reunión de ministros para la previa de la conferencia en que Macri difundió los datos de pobreza) para encomendarle que resuelvan el entuerto con los camaristas. A la tarde, entre chispazos, Ibarra y Dalla Vía acordaron que el manejo, diseño y fiscalización del escrutinio quedará a cargo de la Cámara Nacional Electoral, pero que se hará con el soporte tecnológico que tiene el Estado. «El Gobierno analizó esto como si fuese un tema informático, pero es una cuestión jurídico-electoral», dijo el presidente de la CNE.
«Estamos contentos con la posibilidad de que el proyecto de reforma avance para que en 2017 podamos tener elecciones ágiles y confiables«, aportó optimismo Pérez. Así y todo, hay un coro de especialistas informáticos y dirigentes que alerta sobre el riesgo de hackeo del sistema de boleta electrónica.
Faltan el tránsito del proyecto por el Congreso (Ver página 15), el proceso de licitación de las máquinas de votación y la campaña, contrareloj, para entrenar a más de 30 millones de votantes. «Estamos a tiempo», le dijo Pérez a Clarín.
Hubo demoras y correcciones. Además del ida y vuelta del escrutinio provisorio, hubo más zigzageos. Hace un mes, el Gobierno aceptaba que en 2017 solo se use el tecno-voto en un 30% del país, pero el texto último establece la instrumentación en todo el territorio.
«¿Qué pasó? Pasó Massa», ironizó un dirigente del PRO que intervino en la negociación. Massa, dador de quórum y mayorías, impuso esos vaivenes.
Fuente: Diario Clarin