La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) recibió ayer a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y a dirigentes mujeres de los gremios ATE y ATEN. Lo hizo en el marco del tratamiento del proyecto que solicita la extensión de la Ley Micaela a organizaciones gremiales y sindicales. El cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) retomará el debate en la próxima reunión, ocasión en la que se convocará a referentes de sindicatos privados y a la profesora, investigadora y referente feminista, Dora Barrancos.
En su alocución, la ministra Díaz se pronunció a favor de ampliar el alcance de la denominada Ley Micaela – que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado-. La funcionaria celebró la convocatoria a dirigentes gremiales para consensuar una propuesta y, en ese sentido, remarcó que “es central que los actores y las actoras sean consultados y sean partícipes en decisiones políticas que luego el sindicato tiene que llevar adelante”.
La ministra bonaerense destacó la labor que desde el movimiento sindical y otros espacios de participación se viene realizando en materia de erradicación de violencia hacia las mujeres. La violencia de género “forma parte de la agenda que se viene trabajando” por lo que el proyecto en debate “está en sintonía con el recorrido” realizado por estos movimientos para derribar estructuras patriarcales. Mencionó por caso el compromiso inter-sindical firmado en el 2017 para la erradicación de la violencia (que contempla la revisión de estatutos, la formación en género y la promoción de la participación de las mujeres) y la construcción, un año después, de un protocolo de intervención frente a las situaciones de violencia.
Díaz se refirió a “las medidas de acción afirmativas” que dieron visibilidad a la problemática de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, las que no se circunscriben –según indicó- a la violencia laboral y doméstica sino que abordan también la violencia mediática, simbólica e institucional, entre otras.
La ministra aseguró que, frente al punitivismo, el objetivo de las leyes en la materia y las acciones afines deben apuntar a “un cambio cultural” para evaluar cómo los modos de relacionamiento pueden contribuir a la igualdad o la discriminación y la violencia. Mencionó, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires tiene media sanción la norma para aplicar la Ley Micaela en el ámbito del deporte y dijo que la extensión al universo sindical “es crucial” para continuar con el debate de ejes del mundo laboral como la distribución de la riqueza y el acceso al trabajo de calidad.
Finalmente, Díaz sostuvo que “Argentina está a muy poco de adoptar” el convenio 190 de la OIT contra el acoso y la violencia laboral y destacó iniciativas como las licencias por violencia de género implementadas en organismos públicos de la provincia de Buenos Aires con equipos especializados para acompañar a las víctimas.
A su turno, Susana Delarriva –Secretaria adjunta de ATEN- también se expresó a favor de la extensión de la Ley Micaela a espacios como el sindical pero pidió analizar el tipo y el costo de las capacitaciones. A la vez, solicitó al cuerpo legislativo que el pedido ante el Congreso Nacional para que extienda el alcance de la Ley Micaela a gremios incorpore también el pedido de adhesión al convenio 190 de la OIT, que cuenta con media sanción. “Esto habilitaría que el Estado nacional avance sobre nuevas normativas” para combatir la violencia laboral y “le daría a las mujeres sindicalistas las herramientas” necesarias a tal fin.
Desde ATE, Andrea Gatica – Secretaria de Finanzas – hizo hincapié en “el cómo” de la aplicación de la Ley Micaela en organismos gremiales y destacó los derechos y el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo de la provincia.
Participaron también de la reunión Paula López Osornio – Secretaria de Comunicación de ATE – y María Celia Juan –Secretaria de Organización ATEN-. López Osornio valoró la importancia de los CCT en la provincia en tanto “garantizan la democratización de las condiciones laborales” mientras que Juan advirtió sobre la necesidad de que una ley para la implementación de capacitaciones cuente con presupuesto designado a tal fin.
El proyecto en debate –presentado por los bloques MPN, Siempre, Juntos, FRIN, UP y FNN- solicita al Congreso Nacional la incorporación de sindicatos y gremios a las capacitaciones obligatorias en materia de género y violencia hacia las mujeres implementadas por Ley 27.499, denominada Ley Micaela.
Estuvieron presentes en la reunión que combinó la modalidad presencial y virtual los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Mariano Mansilla, Francisco Rols, Andrés Blanco, Germán Chapino y las diputadas Laura Bonotti, María Laura du Plessis, Soledad Martínez, Ayelén Quiroga, Fernanda Villone, Ludmila Gaitán, Ayelén Gutiérrez y Soledad Salaburu.
