lunes 26 DE septiembre DE 2022

Informe «El Estado del Estado» Diagnóstico de la Administración Pública en diciembre de 2015: «VIVIENDA»

VIVIENDA

En diciembre de 2015 había en la Argentina 3.800.000 familias, casi una de cada tres familias argentinas, que no tenían una vivienda digna o vivían en lugares que no cumplían las condiciones básicas de higiene o hacinamiento para ser sanos y seguros. De estas familias, 2.200.000 tenían un hogar que, con ayuda, urbanizando villas, llevando los servicios básicos y poniéndolos en valor se podían recuperar. Pero 1.600.000 vivían en lugares irrecuperables. Esta situación se concentraba en los sectores más desaventajados de la sociedad: el 60% del déficit correspondía al 40% de la población con menores ingresos.

“Una de cada tres viviendas construidas incumplía los estándares mínimos”.

A pesar de este diagnóstico, la política de vivienda en todos estos años fue deficitaria. Una auditoría realizada por la AGN concluyó que una de cada tres viviendas construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda. Al mismo tiempo, otro tercio de las viviendas se hizo sin tener en cuenta la correspondiente infraestructura de servicios básicos. Es decir que la casa con frecuencia estaba terminada y era de buena calidad, pero no tenía acceso a electricidad, gas, transporte público o agua corriente y cloacas.

Además, buena parte de la política de vivienda anterior a diciembre de 2015 se basó más en el clientelismo y el uso de la obra pública para fines políticos que en la solución del problema habitacional real de los argentinos. El proceso de selección de los beneficiarios, de los constructores, de las cooperativas involucradas y hasta de las provincias donde se llevaron adelante emprendimientos de viviendas sociales fue arbitrario.

Entre 2005 y 2015, algunas provincias recibieron de manera discrecional, a través de los Planes Nacionales de Vivienda, más del doble de los fondos que les hubieran correspondido por coparticipación federal. Tucumán, por ejemplo, recibió diez veces más fondos para vivienda que Córdoba, y Chaco recibió seis veces más fondos que Santa Fe. La Ciudad de Buenos Aires y San Luis prácticamente no recibieron fondos que no fueran automáticamente coparticipables.

“En el 2015, se gastaron 13.544 millones de pesos en cuestiones que nada tenían que ver con viviendas”.

En los últimos años de la gestión anterior también ocurrieron grandes irregularidades administrativas y de procedimiento. Sólo durante 2015, 13.544 millones de pesos asignados a obras de vivienda fueron gastados en cuestiones que nada tenían que ver con la construcción de viviendas, según estimaciones posteriores. En diciembre de 2015, además, las obras de vivienda social financiadas por el Estado Nacional llevaban cinco meses paralizadas. Y la Secretaría de Vivienda les debía unos 6.000 millones de pesos a provincias y municipios.

Esto era así porque en julio de 2015 la ex Subsecretaría de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, suspendió progresivamente los pagos a los institutos de vivienda provinciales y municipales de todo el país con los que tenía acuerdos. El resultado fue que todas las obras en ejecución se paralizaron y las empresas constructoras comenzaron a despedir personal. En el momento del cambio de gobierno, la cadena de pagos estaba totalmente cortada, una situación que generaba incertidumbre en provincias, constructoras y obreros de la construcción de todo el país.

Por eso estaban sin terminar muchas obras que debían haber estado concluidas en diciembre de 2015. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de 30.000 viviendas que se deberían haber terminado el año pasado, sólo estaban terminadas 3.000. Esta situación se agravó, además, por la existencia de 1.371 obras, con un valor combinado de 3.900 millones de pesos, que habían sido pagadas en su totalidad a pesar de que no estaban terminadas y su avance físico no llegaba al 80%. Otros 924 proyectos, con una inversión de Nación por 2.292 millones de pesos, ya habían recibido un primer desembolso hacía por lo menos doce meses pero no habían presentado ningún certificado de avance de esas obras. En ese mismo período, el 88% de las rendiciones auditadas eran irregulares o estaban incompletas, según un informe de la Auditoría General de la Nación. El estado de cientos de proyectos de viviendas era mucho más precario de los que indicaban sus certificaciones presentadas, según detectó la nueva Secretaría de Vivienda y Hábitat.

“El 60% de las familias que vivían en viviendas sociales no tenía el título de propiedad de su casa”.

Otra cuenta pendiente era el régimen de dominio de las viviendas adjudicadas. El 60% de las familias que vivían en viviendas sociales no tenía en diciembre de 2015 un título de propiedad de su casa, según una estimación de la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Esta situación transformaba a los habitantes no en propietarios de sus hogares sino en tenedores precarios de las viviendas que habitaban.

 

FUENTE: http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/desarrollo-humano.html

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