El diputado provincial Claudio Domínguez impulsó un proyecto para exhortar al Poder Ejecutivo a no devolver los descuentos aplicados a los docentes que hicieron paro dejando a niños, niñas y
adolescentes sin clases. “Se trata de un acto de estricta justicia: día no trabajado, día descontado.
El derecho a huelga se puede ejercer sin atropellar o vulnerar el derecho a la educación. Por supuesto que los docentes tienen derecho a manifestarse o expresar su disconformidad pero lo que no pueden hacer es violar el derecho a la educación de nuestras infancias y adolescencias y encima pretender cobrar cuando no trabajan.
Marcelo Guagliardo y Angélica Lagunas son excelentes gerentes de las escuelas privadas y al cerrar las escuelas públicas lo que están haciendo es abrir puertas al fracaso, afectando a las personas más vulnerables”, dijo Domínguez.
Además, el legislador le solicita al poder ejecutivo provincial la implementación de tecnología de control de asistencia en las escuelas, con el fin de asegurar la presencia de los docentes y todo el personal que presta servicios en los establecimientos educativos. También propone que se habilite en el término de treinta días una página web para que madres y padres puedan denunciar ausencias de docentes y falencias edilicias y a su vez docentes puedan notificar si les han impuesto el cierre del establecimiento, privándoles su derecho al trabajo y educar. “Las herramientas tecnológicas están al servicio de la transparencia y la participación ciudadana, especialmente cuando se trata de velar por el derecho a la educación. A nadie debería preocuparle que se habilite un canal de denuncia ya que quien cumple con el respeto a los derechos fundamentales de niños, niñas y
adolescentes, no se verá afectado. Educar es empoderar y sembrar esperanza, privar es someter y cosechar injusticias. Gremio ATEN: ¿qué eligen?”, preguntó el legislador.
Para finalizar, el legislador recordó que: “El adicional docente implementado es un plus voluntario para quienes cumplen con un objetivo claro que es la garantía del derecho a la educación. Nadie está obligado a percibirlo y, de hecho, es renunciable. Sin embargo, los hechos son contundentes: de un total de 27473 docentes, sólo 17 habían expresado su renuncia en el Registro
creado a tal fin, lo que desnuda que prácticamente la unanimidad de educadores de nuestra provincia apoyan el incentivo y sólo el capricho corporativo del Gremio que pretende seguir ostentando sus privilegios con prácticas extorsivas es lo que está detrás de los paros que tanto
perjudican a nuestras infancias y adolescencias”.
