El Gobierno evalúa una negociación para incluir expresamente a la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura acercada por la diputada del interbloque federal Graciela Camaño, que si reúne algún voto más podría acercar una mayoría que el oficialismo no tiene.
Por ahora es una gestión en fase cero, porque en la Rosada no tienen claro si a Cristina Kirchner le agrada la idea y no avanzarán sin certificarlo. El otro paso es lograr el aval de al menos un sector de Juntos por el Cambio, como los radicales cercanos al presidente de la UCR Gerardo Morales.
El primer paso del albertismo es saber si la vicepresidenta está de acuerdo. Fuentes legislativas informaron a LPO que hubo sondeos al jefe de los senadores del Frente de Todos José Mayans, pero no recibieron una respuesta definitiva.
Al presidente le tomó por sorpresa la decisión de su vice de dividir el bloque de senadores para sumar un consejero, porque su intención era no legitimar el fallo de la Corte. Para Cristina era darle el control pleno del organismo que nombra y remueve jueces, que ahora no tendrán.
Camaño no quiere que la Corte presida la Magistratura y Lavagna la presiona
Camaño, que integra el consejo de la Magistratura, propone dejar claro que la Corte puede poner un consejero pero no tener garantizada la presidencia, como proponen los proyectos de Juntos por el Cambio y establece la ley de 1997, vigente desde la semana pasada. Ese lugar le permite voto doble y, además, manejar el presupuesto de la justicia federal.
«No creo que tengamos que sacar a la Corte del Consejo. La Constitución establece claramente que todas las instancias de la justicia deben estar en el Consejo. Pero no estoy a favor de que nosotros en la ley a una instancia le demos un doble voto y le demos la presidencia para desequilibrar», señaló la diputada hace 15 días.
Camaño pide negociar una ley y propone que la Corte esté en la Magistratura sin presidirla. En el Gobierno no lo descartan pero sin respaldo de Cristina no avanzarán. La cuenta en Diputados está muy fina.
La ley que aprobó el Senado eleva de 13 a 17 los miembros de la Magistratura y si bien no menciona a la Corte, la incluye entre los 4 magistrados porque aclara que deben ser den ser de «todas las instancias» de la justicia, como señala la Constitución.
De cumplirse, un juez de la Corte debería tener una silla, pero con ese texto no le quedaría otra que someterse a elecciones. Si se aclara que al menos uno debe pertenecer al máximo tribunal, no le sería necesario ir a las urnas.
Además, para negociar el voto del rionegrino Alberto Weretilneck, el proyecto aprobado obliga a que sea un juez de cada región del país, por lo que los supremos deberían representar al Amba. Impracticable.
Si Camaño arrastra a una parte del interbloque federal, el Frente de Todos podría acercarse a una mayoría que no tiene. Hay 118 oficialistas, 11 menos que la mayoría, puede reunir hasta 5 aliados de partidos provinciales, pero no mucho más.
De los 8 del interbloque de Camaño, se sabe que los 4 cordobeses ligados a Juan Schiaretti apoyan que la Corte presida la Magistratura, porque esa fue la postura de su esposa y senadora Alejandra Vigo. Seguiría el mismo camino Alejandro «Topo» Rodríguez, en línea con su jefe Roberto Lavagna.
Completan la bancada Florencio Randazzo y los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein. No se expresaron, como tampoco los 4 de izquierda y los dos monobloques: Felipe Álvarez (La Rioja) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Pero en el oficialismo no descartan el apoyo de algún sector de Juntos por el Cambio como la UCR, favorecida con el nombramiento de la radical Roxana Reyes en la Magistratura.
La negociación sería con Morales, quien como presidente de la UCR tiene un motivo para ceder: en noviembre, Reyes puede perder su lugar si los diputados imitan a los senadores y parten el bloque.
Así las cosas, la cuenta es muy fina y por eso en el Frente de Todos no hay una hoja de ruta. Ni siquiera están conformadas las comisiones que deberían tratar el proyecto aprobado en el Senado, como son las de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Al kirchnerismo tampoco le urge sancionar una ley, porque la de 1997 le vino bien para sumar consejeros con la ruptura táctica del bloque oficialista del Senado y lo agrandará en noviembre, con el agravante para la oposición de que son mandatos que duran cuatro años. Por eso, Cristina no respondió si acepta modificaciones.
«La Corte emitió un fallo para presidir la Magistratura y ahora no tendrá quórum. Es un papelón, porque quienes apoyaron esta movida esperaban tomar decisiones y no podrán», sostuvo ante LPO uno de los referentes en temas judiciales del kirchnerismo.
Aunque rara vez le vota una ley al Gobierno, Camaño sí se convirtió en una aliada clave en la Magistratura, done en 2020 avaló la revisión de los pliegos de los jueces que habían sido trasladados durante el gobierno de Macri.
En declaraciones al programa «Actualidad Política», sostuvo que sería «muy importante ponernos de acuerdo y poder hacer una ley. La crítica de ilegalidad por parte de la Corte con su fallo es absolutamente absurda», criticó. Y definió al ruptura coordinada del oficialismo del Senado como «éticamente repudiable». Pero no ilegal.
FUENTE: LPO
