El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad en la vía pública en sitios como bancos, centros comerciales, estaciones expendedoras de combustible, playas de estacionamiento y comercios de grandes dimensiones.
La iniciativa crea el Registro Provincial de Cámaras de Video Vigilancia que se encargará de relevar, registrar y georreferenciar las cámaras públicas y privadas instaladas con el objeto de proteger la seguridad de las personas y facilitar la investigación de delitos. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno y Seguridad.
En los fundamentos, el autor sostiene que la instalación de cámaras de seguridad en lugares donde se producen hechos de inseguridad con frecuencia aportará tranquilidad y prevención de cierto tipo de delitos, como así también aclararlos a posteriori.
También el diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un pedido de informe sobre la cantidad de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública en todo el territorio provincial y las condiciones de su funcionamiento. El pedido deriva de las disposiciones vigentes según la ley 2762 -de regulación de los dispositivos de grabación en la vía pública- ente las que figuran un informe anual dirigido al Poder Legislativo sobre las condiciones de operatividad del sistema de videograbación.
En ese marco, el legislador le solicita al Ministerio de Gobierno y Seguridad que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la ley provincial 2762 y que remita información sobre la cantidad de cámaras instaladas y ubicación geográfica de cada dispositivo; y la calificación técnica de las personas encargadas de la operación del sistema de captación de imágenes y las medidas adoptadas para garantizar el respeto a las disposiciones legales. Además, el diputado requiere los motivos por los cuales no se ha presentado el informe anual dictaminado por ley, correspondiente a los años 2019 y 2020.
Coggiola sostiene en la fundamentación que, en el último tiempo, han incrementado los índices de inseguridad y que los reclamos de la ciudadanía se centran en la demanda de nuevas medidas de parte del Estado para prevenir y contrarrestar este flagelo. En ese sentido, los municipios son permanentes receptores de reclamos de vecinos y vecinas por la instalación de más cámaras de seguridad y de reparación de las ya existentes. En ese marco, recuerda que la ley 2762 ordena al Poder Ejecutivo Provincial, a elevar un informe anual al Poder Legislativo provincial referido al funcionamiento del sistema de videocámaras en la vía pública.
