El intendente Horacio Quiroga anunció que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante un proyecto de marco regulatorio para la prestación del servicio eléctrico en la ciudad de Neuquén, que incluirá nuevos parámetros que impactarán directamente en la eficiencia y en la mejora del servicio que reciben los usuarios de CALF, con el objetivo de disminuir los costos de la cooperativa que forman parte del Valor Agregado de Distribución (VAD).
Entre otras cosas, se adelantó que las nuevas normas del servicio eléctrico contemplarán la conformación de un fondo fiduciario a fin de blindar los ingresos en concepto de aportes de capitalización “que deben destinarse únicamente a la ejecución de obras del sistema eléctrico y no a gastos corrientes, como ocurre actualmente”.
Esta mañana el intendente Quiroga presentó junto a funcionarios de su gabinete las conclusiones del informe realizado por la consultora Deloitte acerca de la situación de la cooperativa CALF, aclarando que “si bien en la tarifa que paga el usuario tienen incidencia las etapas de generación, de transporte y de distribución de la energía eléctrica, el municipio interviene solo sobre el último concepto en su carácter de poder concedente”.
“Las dos primeras etapas no son materia de discusión de la Municipalidad”, puso en claro y tras asegurar que “CALF va a seguir prestando el servicio en Neuquén”, remarcó que “actualmente hay contrato vigente porque el municipio aplicó la cláusula de prórroga”.
En este punto observó la intención de que el futuro contrato contemple nuevos parámetros de eficiencia porque “desde el municipio buscamos mejorar el servicio y defender al usuario que debe pagar una tarifa justa por la prestación de energía eléctrica que recibe”.
En función a los principales componentes de la tarifa, el informe revela que durante todo 2017 CALF tuvo ingresos por $900 millones, de los cuales $825 provinieron del sector Energía y que este renglón arrojó un superávit de $2,3 millones que compensó el resultado negativo de otros servicios que presentan déficit, como teléfonos, sepelios, internet, radio y publicaciones.
“La cooperativa tuvo en 2017 un déficit de $25 millones”, acotó el secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza. Informó que CALF cuenta con 93.310 usuarios, de los cuales la pequeña demanda, la residencial, alcanza a 91.772 familias y representa el 58% de la facturación.
Artaza también puso el foco en la composición de la tarifa. “Sobre el 51,10% que representa el costo de la compra de energía la cooperativa no puede hacer nada porque está dado por CAMMESA y el marco regulatorio nacional, que es igual para todas, pero estamos convencidos de que puede trabajar y mucho en lo que hace al costo laboral, que incide en un 31,8% sobre la tarifa que pagan los usuarios”, dijo el funcionario.
El informe establece que CALF tiene 430 empleados y que el costo promedio anual por cada uno es de $1,5 millones. “La concesionaria debe trabajar para bajar los costos del alto ausentismo del personal y también de la bonificación que se le da a un empleado cuando se va a jubilar que equivale a 10 sueldos más el 2% por año después del quinto año”, añadió Artaza.
El secretario municipal aludía a que la auditoría midió el ausentismo en un “11,40%, equivalente a $63 millones anuales, excluyendo las licencias por vacaciones” y la bonificación por jubilación que equivale al 8% de la masa salarial anual.
Por otra parte, el secretario también hizo referencia al impacto de la BAE (Bonificación Anual por Eficiencia) que perciben los empleados de CALF y que durante 2017 representó $87 millones, o sea 14% del costo laboral anual. Advirtió además que el VAD incluyó costos financieros no relacionados con gastos operativos de la prestación, por $26 millones, de los cuales $15,1 millones correspondieron a intereses de financiación de inversiones que debieron ser financiadas por los aportes de capitalización.
El informe revela que el VAD incluyó bajo el concepto “otros costos”, por $66,2 millones, la diferencia entre los ingresos y los costos reales de CALF en periodos anteriores que se recuperan a través de la tarifa del año siguiente. También, que los gastos institucionales están atados a la tarifa estableciéndose en el 2% de los ingresos y que representaron $30,4 millones. “La idea es atar este concepto a otro parámetro porque de lo contrario ante cada aumento de tarifa, se destinan más recursos a gastos institucionales”, manifestó.
Por su lado, Rubén Etcheverry, secretario de Modernización, mencionó que “una de las propuestas de mejora que vamos a introducir en el marco regulatorio es constituir un fondo fiduciario dentro del cual derivar los fondos que correspondan al aporte de capitalización que pagamos todos los asociados y de esta manera colaborar con que estos fondos no sean dirigidos a cubrir otras cuestiones, como ocurre”. “Prueba de ello es que en los últimos 3 años, CALF no ha destinado todos los ingresos por aporte de capitalización a obras, teniendo un acumulado de $34 millones que recibió en ese concepto pero que no fueron utilizados para obras de mejora del sistema”, dijo el secretario.
“Cabe aclarar que este marco regulatorio va a contener los parámetros de eficiencia, y que no le corresponde a la Municipalidad inmiscuirse en los asuntos empresarios de CALF, y que cuando firme el contrato con el municipio deberá adaptarse a las nuevas cuestiones que está pretendiendo lograr el municipio, en su carácter de poder concedente, en defensa del usuario”, sostuvo.
El subsecretario de Servicios Públicos Concesionados, Alejandro Hurtado, completó que los parámetros analizados -usuarios/empleados, MWH/empleados y costo salarial operativo/costo salarial administrativo y comercial- destacan que CALF tiene más empleados y mayor costo salarial que otras cooperativas que prestan el mismo servicio.
En ese sentido, detalló que los socios de CALF deben afrontar un costo de $5.229 por empleado de la cooperativa mientras que el promedio en otras prestadores (también cooperativas) se ubica en $3.313. En relación a este punto, el informe de la consultora Deloitte sostiene que “CALF presenta un costo salarial por usuario de aproximadamente un 60% mayor al promedio de las cooperativas comparables y de al menos un 50% de todas las distribuidores de energía del país”.
