La comisión de Trabajo y Asuntos Laborales (I) retomó ayer el debate sobre el pago desdoblado del aguinaldo. En la ocasión, se recibió a las autoridades del gremio judicial SEJUN quienes se expresaron en contra de la medida implementada por el Poder Judicial. El cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) acordó elevar el proyecto en debate sobre el desdoblamiento del aguinaldo al sindicato para que remita la propuesta alternativa que desde el gremio se le hizo al TSJ. A la vez, en la reunión de se recibió, en forma remota, a trabajadores de la empresa Expreso Argentino quienes denuncian que la firma los desafectó ilegalmente y les adeuda el salario de los últimos cuatro meses.
De la reunión participaron el secretario general de Sejun, Edgardo Chervabaz y el secretario gremial, Héctor Andrés, quienes se pronunciaron en contra de la medida del TSJ que dispone el pago en tres cuotas del sueldo anual complementario de mitad de año. En su intervención, los dirigentes cuestionaron otros aspectos vinculados a las actuales condiciones laborales del Poder Judicial, entre ellos las condiciones del teletrabajo, la falta de un Convenio Colectivo de Trabajo, la escasez de elementos de seguridad para evitar contagios de COVID-19 en las oficinas judiciales, la falta de independencia económica del poder judicial, la cancelación de paritarias para actualización del salario y el “conflicto entre las autoridades” del TSJ.
Chervabaz denunció “la falta de un interlocutor válido en el Poder Judicial” para canalizar “las inquietudes” que plantea el gremio, entre las que figuran el pago desdoblado del aguinaldo. En ese sentido, aseguró que la cúpula del Poder Judicial tiene una “sistemática negativa política a mantener una relación democrática con los trabajadores” y calificó de “autoritario, insensible y patriarcal” el máximo órgano judicial.Por su parte, Andrés dijo que desde el gremio se elevó una propuesta para que los trabajadores con menores ingresos no se vean afectados por la liquidación en tres partes del aguinaldo, y en ese sentido remarcó que el sindicato “entiende que hay dificultad económica” pero “si la propuesta hubiera sido más racional, estaríamos en otra situación”.
Luego de escuchar a los representantes gremiales, el diputado Lucas Castelli (JC) propuso convocar al ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons, a fin de que informe en la comisión sobre la situación financiera de la provincia y las previsiones para los próximos meses. La moción quedó descartada al obtener sólo cinco votos a favor –aportados por los bloques JC, FdT y PDC- y siete en contra.
Finalmente, la comisión acordó elevar a Sejun el proyecto del FIT que solicita a los tres poderes del Estado el abono del aguinaldo en su totalidad y dentro del plazo legal. El objetivo es que el gremio remita por escrito la alternativa que le presentaron al TSJ. La propuesta la realizó el diputado Carlos Coggiola (PDC) quien dijo que es necesario contar con la opinión de los trabajadores “tal como lo viene solicitando esta comisión” en los temas que debate. Exponen situación de trabajadores de Expreso Argentino En otro orden, y al inicio de la reunión, el cuerpo recibió en forma remota a trabajadores de la empresa Expreso Argentino a quienes se les adeuda el salario desde el inicio de la pandemia. Lo hizo a partir de un proyecto del PTS-FIT que solicita información a la Subsecretaría de Trabajo sobre la situación laboral de los trabajadores de la compañía, en el marco de las disposiciones para prevenir la propagación del COVID-19.
Al respecto, el trabajador Juan Priore dijo que “la situación actual es crítica” y explicó que doce trabajadores dejaron de cobrar su salario en el mes de marzo y fueron desafectados de sus funciones. Remarcó que la firma continuó activa durante el inicio de la cuarentena y que contrató personal nuevo. Además, destacó que la sentencia judicial que determinó que la empresa debe abonar los sueldos adeudados, reclamo que mantienen los trabajadores afectados a través de un acampe en las instalaciones de la compañía desde hace dos meses.
Priore explicó que la compañía ofreció una indemnización en doce cuotas, propuesta que fue desestimada por los trabajadores y por la posterior sentencia judicial que inhabilita las cartas documento con dicha propuesta.
“Estamos en una lucha que no tuvo respuesta del gobierno provincial ni municipal”, denunció Priore, quien remarcó que el pedido es que se investigue a la empresa ya que contrata personal en negro y transporta cargas peligrosas sin los correspondientes permisos de tránsito.
A su turno, la representante legal de los trabajadores, Natalia Hormazabal, precisó que el reclamo también consiste en el reintegro del personal afectado a sus fuentes laborales, al tiempo que pidió que desde la Subsecretaria de Trabajo se inspeccionen las instalaciones de la empresa para conocer la mercadería que tiene acopiada así como también el estado de sus libros contables.
El proyecto fue sometido a votación, pero alcanzó sólo cinco votos positivos y no se convirtió en despacho de comisión. Apoyaron la propuesta los bloques del PTS-FIT, FdT y PDC.
Participaron de la reunión los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Andrés Blanco, Mariano Mansilla, Germán Chapino, Francisco Rols, Fernando Gallia, Carlos Sánchez, Carlos Coggiola y las diputadas Ayelén Gutiérrez, Soledad Martínez, Fernanda Villone, Patricia Jure, María Laura du Plessis, Ayelén Quiroga y Laura Bonotti.
