La concejal del Frente de Todos de Neuquén, Ana Servidio, presentó ayer en el marco de la visita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, un proyecto de ordenanza que gestiona políticas públicas de discriminación positiva que incluye a las mujeres, con el objetivo de achicar las desigualdades que existen con los hombres, promoviendo cupos para la tenencia de tierra y vivienda.
Servidio participó del encuentro con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue, junto a legisladoras y concejalas de la provincia. Durante la puesta en común de acciones legislativas, la edil presentó el proyecto de ordenanza promovido por el Frente de Todos en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén.
En ese marco, manifestó: “sabemos que la violencia hacia las mujeres es una problemática que responde a estructuras de desigualdades históricas de carácter cultural, económica y política, que las consecuencias de esas desigualdades generan brechas de género, discriminación y violencia y que es responsabilidad del estado abordar integralmente esta problemática que impide que las mujeres gocen de la misma calidad de vida que los varones.”
El proyecto legislativo estipula en su artículo primero que la titularidad será otorgada a nombre de ambos integrantes de la cabeza de familia como beneficiarios de una mitad indivisa a favor de cada uno, evitando diferenciar situaciones de ingresos.
En relación a ello, la edil argumentó que las mujeres ocupan un lugar desventajoso dentro de la economía y el mercado laboral: son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Perciben, en promedio, un 29% menos que sus pares varones, brecha que se amplia para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%. La mitad de quienes no consiguen trabajo son jóvenes de hasta 29 años, y entre estas personas, son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la economía.
Según el Censo 2010, en la Argentina hay 4.200.000 mujeres jefas de hogar. El 70% de ellas son “jefas” que deben llevar adelante la familia muchas veces integradas por hijos e hijas menores de edad, y también adultos mayores, que se encuentran bajo su cuidado. Además la informalidad laboral y los bajos ingresos, sumado a la sobre carga de tareas de cuidado y domésticas, restringen considerablemente el acceso a alquileres y créditos hipotecarios.
En ese sentido, el proyecto estipula que el 30% de las adjudicaciones en venta de loteos con servicios, planes de vivienda, promovidos por el Órgano Ejecutivo Municipal, de desarrollo propio o a través de cooperativas, mutuales, sindicatos, así como por el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, y/o todo organismo que en el futuro supliera sus funciones, sean destinadas a mujeres jefas de hogar -mujer sostén de familia monoparental-. Y que el 5% sea destinado a mujeres en situación de violencia por motivos de género.
Los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres, “sin embargo, las mujeres carecen aún de seguridad en la tenencia de estos bienes y en situaciones de violencia son ellas quienes terminan huyendo de su hogar con sus hijos e hijas quedando totalmente desamparadas”, expresó la autora del proyecto. Y ratificó, “por eso necesitamos abordar las violencias de manera integral garantizando el derecho al acceso a la vivienda de un sector de la población que no se encuentra particularmente abarcado en las políticas habitacionales que se promueven desde los distintos ámbitos estatales.”.